1963-2013 - 50 years of Research for Social Change

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La comercialización, la privatización y el acceso universal al agua

  • Proyecto de: 2003 a 2004


Se calcula que más de mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable, aunque ésta sea una necesidad humana fundamental. Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas es reducir esta cifra a la mitad.

Con frecuencia, la falta de acceso se debe más a factores sociopolíticos y a instituciones que limitan el suministro, que a la escasez de recursos hídricos propiamente dicha. Hasta finales del decenio de 1980, el suministro de agua en la mayoría de los países en desarrollo se delegaba a las compañías públicas. Sin embargo, éstas no lograron hacer las inversiones estructurales necesarias para prestar servicios de suministro de agua para todos, y muchas veces se desatendió a las regiones, vecindarios y personas más pobres. Incluso en las zonas conectadas con servicios públicos de suministro de agua, el servicio era inestable, lo que indicaba que el mantenimiento también era insuficiente.

A principios del decenio de 1990 se propusieron reformas relativas a la comercialización de los servicios de abastecimiento de agua—la aplicación de los principios de recuperación de los costos y de maximización de beneficios—y a la participación del sector privado, como un modo de potenciar la inversión en redes de suministro de agua, de mejorar el acceso para todos los sectores de la población y de reducir la carga de los servicios públicos para el presupuesto estatal. En el sector hídrico, una de las formas más habituales de alentar la participación del sector privado son los acuerdos de concesión, por los que el Estado, al tiempo que mantiene la propiedad, transfiere el derecho de explotación del suministro de agua a una compañía privada.

No obstante, la comercialización y la privatización de los servicios de abastecimiento de agua son polémicas. Por una parte, existe una fuerte oposición por parte de numerosos sectores de la sociedad, que ponen en entredicho que el agua se trate meramente como un producto, y no como un derecho humano. Por otra parte, como cabe esperar, el aumento de las tarifas del agua como consecuencia de las reformas no es bien recibido por los usuarios, que han expresado abiertamente sus inquietudes, en algunos casos de forma violenta, por lo que en muchos casos se han detenido las reformas. Además, el incremento de las tarifas del agua tiende a ser regresivo, lo que perjudica más a los pobres que a otros sectores de la sociedad.

Tras casi una década de experimentación con la comercialización y la participación del sector privado en sistemas de abastecimiento de agua en todo el mundo, los resultados son decepcionantes. Por ejemplo, en los últimos meses, Suez Lyonnaise des Eaux declaró que abandonaba la concesión Aguas Argentinas, encargada del suministro de agua en la zona de Gran Buenos Aires (Argentina), y el consorcio Mayniland que abastecía a la mitad de la población de Manila (Filipinas) puso fin a sus operaciones. En Pune (India), se canceló un proyecto de infraestructura medioambiental urbana durante el proceso de licitación, porque el proyecto perdió apoyo político. Asimismo, existen casos en que se detuvo el proceso de privatización debido a la insatisfacción de los usuarios y al malestar civil, por ejemplo, en Cochabamba (Bolivia) y Tucumán (Argentina). Tales ejemplos de oposición popular y la retirada de compañías multinacionales de acuerdos de concesión en países de desarrollo ponen en tela de juicio la sostenibilidad de un modelo basado en la comercialización de los servicios y en la privatización. Es decir, por muy necesarias que sean, las reformas en el sector hídrico aún no tienen el efecto deseado, de lograr el acceso universal y equitativo a los servicios.

El Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) ha preparado un nuevo proyecto para analizar una serie de experiencias relativas a los servicios de abastecimiento de agua, centrándose en aquellas en las que participa activamente el sector privado. Este proyecto arrojará luz sobre algunos de los obstáculos reales que han impedido a los gobiernos y al sector privado suministrar agua limpia a los pobres, y sobre el papel que han estado desempeñando la regulación y las instituciones normativas en el sector hídrico. El proyecto tiene dos objetivos principales: esclarecer la naturaleza de la compensación entre “eficiencia y equidad” que está afectando aparentemente a los servicios de abastecimiento de agua en los países en desarrollo, e identificar las limitaciones institucionales para lograr el acceso universal al agua.

Se han encargado ocho estudios de caso—Argentina, Bolivia, Chile, Filipinas, Finlandia, la India, Senegal y Sudáfrica—para ilustrar diferentes experiencias de reforma en el sector hídrico. Estos estudios combinarán el análisis basado en nuevas economías institucionales, economía política y ecología política para ayudar a comprender las relaciones estructurales y de poder más amplias dentro de las cuales surgen y evolucionan las instituciones que influyen en el acceso al agua, así como los resultados de las reformas emprendidas en el sector hídrico en los países estudiados.

Este proyecto ha sido financiado por el presupuesto básico del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD).