1963-2013 - 50 years of Research for Social Change

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Social Policies and Water Sector Reform



La ampliación de la cobertura y el mantenimiento de la infraestructura son dos de los desafíos más importantes que confronta el sector de suministro de agua tanto en los países industrializados como en las naciones en desarrollo. En el transcurso de los últimos dos decenios, se ha llevado a cabo una reforma del sector que ha conducido a una mayor participación del sector privado, por lo que resulta propicio investigar si la reforma ha logrado incrementar el acceso al agua sin generar cargas adicionales, sobre todo para los pobres. El Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) llevó a cabo un proyecto de investigación titulado Política social, regulación y participación del sector privado en el suministro de agua, con el cual ha demostrado que los contratos de concesión presentan deficiencias y que la normativa vigente en los países en desarrollo enfrenta problemas de envergadura. Con base en esta investigación, se argumenta en este documento que, bajo tales circunstancias, que la regulación venga acompañada de políticas sociales al reformar el sector de los recursos hídricos.

En este documento se reflejan las lecciones aprendidas a partir de sendos estudios conducidos en los siete países siguientes: Brasil, Burkina Faso, Colombia, Francia, Gran Bretaña, Hungría y Malasia. Todos estos estudios revelan las deficiencias de la participación del sector privado y la importancia fundamental de contar con políticas sociales para abordar los problemas de acceso y asequibilidad. La selección de las políticas sociales varía con cada país. En Francia y Gran Bretaña, se utilizó una cuantiosa inversión pública para garantizar el acceso universal al agua por tuberías. En estos dos países, aún con una alta capacidad regulatoria, las políticas sociales en el sector del agua han sido cruciales. Por ejemplo, en Francia, estas políticas consisten principalmente en brindar asistencia posterior para las personas que no están en capacidad de pagar sus cuentas de agua, mediante la operación de un fondo para el suministro de agua a las zonas rurales y la prohibición de la suspensión del servicio. Las políticas sociales aplicadas en Gran Bretaña contemplan el apoyo a los ingresos basado en el valor de la propiedad, subsidios, la prohibición de suspender el servicio, diversas formas de apoyo a la seguridad social y asistencia social para pagar las cuentas del servicio. Además, existe un organismo regulatorio económico eficaz e independiente.

En el caso de Colombia, se aplica un subsidio para ayudar a los pobres a tener acceso a un servicio de agua costeable. Además, se han conferido diversos compromisos de inversión al sector privado que han contribuido a ampliar la cobertura. Igualmente, en Brasil, el deseo de universalizar el suministro de agua propulsó una ingente inversión en la década de los setenta, a lo cual se sumaron políticas sociales eficaces (subsidios cruzados) que permitieron incrementar la cobertura para las poblaciones pobres. Sin embargo, el atolladero en que se encuentra este país, en torno a si es el estado o el municipio quien tiene derecho a conferir concesiones al sector privado, ha puesto en peligro la posibilidad de seguir avanzando. El gobierno de Hungría otorga subsidios a las regiones que tienen altos costos de producción. Por otra parte, los usuarios industriales mantienen un subsidio cruzado al consumo doméstico, y las transferencias de ingresos por parte de las autoridades centrales y locales ayudan a aliviar parte de la carga de los gastos por concepto de agua para los hogares. Las tarifas se mantienen bajas (lo que constituye una política social “oculta”) y no se permite la suspensión del servicio si no se pagan las facturas correspondientes. El sector privado ha aumentado la eficiencia del sistema, pero las inversiones son financiadas por el Estado. En Malasia, las políticas sociales en vigor son el financiamiento público del suministro de agua para las zonas rurales, los subsidios cruzados (de usuarios industriales a usuarios domésticos) y una tarifa fija por un volumen básico de subsistencia. Además, el sector está contractualmente obligado a ampliar la cobertura en las zonas urbanas y rurales. En Burkina Faso, si bien la eficiencia de la red ha mejorado considerablemente con la comercialización a través de la participación del sector privado, existe una creciente presión para eliminar las políticas sociales.
  • Publication and ordering details
  • Pub. Date: 5 Sep 2007
    Pub. Place: Geneva
    ISSN: 1991-9921
    From: UNRISD