1963-2013 - 50 years of Research for Social Change

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The Politics of Gender and Reconstruction in Afghanistan



El objetivo principal del presente trabajo es incluir los derechos de la mujer en Afganistán en el contexto de las múltiples transiciones que entraña el proceso de reconstrucción posconflicto: una transición para la seguridad (de la guerra a la paz), una transición política (hacia la formación de un Estado real y legítimo) y una transición socioeconómica (de una economía de “conflicto” hacia un crecimiento sostenible). Estas transformaciones no se concretan en un vacío social, sino que se desarrollan a partir de convenios societales que condicionan y limitan la gama de oportunidades disponibles.

La primera parte del documento contextualiza los esfuerzos actuales por garantizar los derechos de la mujer en la convulsa historia de la conformación de un Estado y de las relaciones entre el Estado y la sociedad en Afganistán. Estas últimas se caracterizaron por las tensiones que surgieron entre un Estado más rentista sostenido por los subsidios externos (y cuyo compromiso con la sociedad era relativamente débil) y las remotas áreas rurales que, al mismo tiempo, se oponían a las incursiones del Estado e intentaban, representar los intereses tribales dentro del Estado. Los intentos de modernización, incluida la expansión de los derechos de la mujer, fueron provocados por una élite masculina cuyos esfuerzos por centralizar el poder se vieron obstaculizados en diversas ocasiones. El tema de los derechos de la mujer se utilizó como carta de negociación entre fuerzas sociales cuyos enfrentamientos geopolíticos motivaron un vaivén entre posiciones extremas, tales como el experimento socialista del Partido Democrático Popular de Afganistán respaldado por los soviéticos y las políticas islámicas de los talibanes apoyados por Pakistán. Sin embargo, en un contexto en el cual la relación del Estado con las comunidades locales (ya sea jurídica, tributaria o de prestación de servicios) fue siempre limitada, los esfuerzos por analizar los derechos de la mujer únicamente en referencia con las políticas gubernamentales revelan serias deficiencias. El análisis debe orientarse más hacia las profundas transformaciones producidas tras largos años de conflicto, a fin de poder evaluar mejor los obstáculos y las oportunidades para alcanzar un desarrollo más equitativo desde el punto de vista del género en Afganistán.

En la segunda parte del trabajo se abordan las implicaciones de los grandes cambios y sus efectos que generaron años de guerra y desplazamiento tras la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Un país predominantemente rural cuya población había alcanzado un nivel de subsistencia relativamente autosuficiente, se vio transformado en un Estado fragmentado donde una parte considerable de la economía se basaba en redes ilícitas y delictivas de comercio de drogas (en especial amapolas de opio) y productos primarios como la madera y las esmeraldas, el contrabando de mercancías y la trata de personas. El argumento fundamental presentado en esta sección es que la rutinaria violación de los derechos de la mujer en Afganistán obedece a una serie de influencias analíticamente diferentes pero parcialmente coincidentes y complementarias: la dinámica de las desventajas en razón del género, la merma de los niveles de subsistencia a nivel local y la creciente pobreza, la “criminalización” de la economía y la inseguridad causada por la conducta predatoria de las facciones y grupos armados. La particular combinación de estas nuevas presiones (como la pobreza, el endeudamiento y la depredación por parte de los caudillos locales) y los usos y costumbres existentes (el casamiento temprano de niñas a cambio del pago de una dote) produce situaciones que bien pueden malinterpretarse como expresiones inmediatas de la “cultura” local, restándole crucial atención al complejo conjunto de influencias que profundizan la vulnerabilidad de las niñas y las mujeres.

La tercera parte se centra en los procesos de desarrollo institucional y reforma emprendidos desde el Acuerdo de Bonn de 2001. La maquinaria nacional que se puso en marcha para la promoción de los derechos de la mujer está conformada por: el Ministerio de Asuntos de la Mujer, el Ministro de Estado para la Mujer, posición creada para brindar orientación con especial énfasis en los procesos de reforma legislativa y judicial; la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos, una de cuyas cinco áreas programáticas se encarga del fomento de los derechos de la mujer, y el Grupo Asesor sobre Cuestiones de Género, organismo de coordinación de los donantes y el gobierno que contribuye en la formulación de un marco nacional y un presupuesto para la incorporación de la perspectiva de género. Los avances tangibles hasta la fecha se han registrado en el ámbito de los derechos jurídicos, que fueron incluidos en la nueva Constitución de 2004 y que brindan garantías legales para la igualdad de las mujeres como ciudadanas y para su representación política. Quedan aún muchas cuestiones sin resolver en cuanto a las respectivas funciones de las leyes islámicas y tribales, y las estipulaciones de los tratados internacionales de los cuales el gobierno es signatario (como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue ratificada sin reservas en marzo de 2003). Sin un proceso de construcción de consenso a través de la normalización política y la reconciliación, el riesgo de que los derechos de la mujer sigan sujetos a la política de las facciones, seguirá siendo alto. La expansión de los derechos formales de la mujer no puede en ningún caso traducirse en beneficios sustantivos de no haber seguridad y un estado de derecho. Más aún, los derechos formales de la mujer a la participación cívica podrían tener una limitada repercusión en un contexto en el cual las mujeres siguen atadas al cuidado de sus hogares y comunidades, y en el que se les sigue negando sus derechos fundamentales a la educación y la salud.

En la conclusión se hace mención de las debilitantes disyunciones entre las distintas facetas de la transición posconflicto. Las reformas que se han registrado en materia jurídica y de gobierno han avanzado a un ritmo más acelerado que en el sector de la seguridad o en la transición hacia una subsistencia sostenible. Existe también una disyunción entre, por una parte, los plazos adoptados y los resultados que esperan alcanzar los actores internacionales que impulsan la agenda de los derechos de la mujer y, por la otra, el tiempo que se requiere para que se concreten los cambios más profundos en las relaciones sociales como resultado de los esfuerzos de consolidación de la paz. Como el tema de los derechos de la mujer continúa siendo sumamente politizado y sensible en las luchas entre las facciones políticas en pugna en Afganistán, esta disyuntiva puede tener efectos imprevistos, con consecuencias negativas para el empoderamiento de la mujer.
  • Publication and ordering details
  • Pub. Date: 1 Feb 2005
    Pub. Place: Geneva
    ISSN: 92-9085-056-6
    From: UNRISD