1963-2013 - 50 years of Research for Social Change

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Environment and Morality: Confronting Environmental Racism in the United States



El racismo ambiental se refiere a cualquier política, práctica o directiva que afecta o perjudica de formas diferentes (voluntaria o involuntariamente) a personas, grupos o comunidades por motivos de raza o color. Se asocia con políticas públicas y prácticas industriales encaminadas a favorecer a las empresas y a imponer los costos a las personas de color. Las instituciones gubernamentales, jurídicas, económicas, políticas y militares refuerzan el racismo ambiental e influyen en la utilización local de la tierra, la aplicación de las normas ambientales, el establecimiento de instalaciones industriales, y los lugares donde viven, trabajan y juegan las personas de color. El racismo ambiental está muy arraigado y ha sido difícil de erradicar.

La toma de decisiones medioambientales muchas veces refleja los acuerdos de poder de la sociedad predominante y sus instituciones. Esto perjudica a las personas de color, mientras que ofrece ventajas y privilegios para las empresas y las personas de las capas más altas de la sociedad. La cuestión de quién paga y quién se beneficia de las políticas medioambientales e industriales es fundamental en este análisis del racismo ambiental.

El racismo ambiental refuerza la estratificación de las personas (por raza, etnicidad, status social y poder), el lugar (en ciudades centrales, barrios periféricos, zonas rurales, zonas no incorpora-das o reservas de los nativos americanos) y el trabajo (por ejemplo, se ofrece una mayor protec-ción a los trabajadores de oficina que a los trabajadores agrícolas). Institucionaliza la aplicación desigual de la legislación; explota la salud humana para obtener beneficios; impone la carga de la prueba a las “víctimas” en lugar de a las empresas contaminantes; legitima la exposición humana a productos químicos nocivos, pesticidas y sustancias peligrosas; promueve tecnologías “peligrosas”; explota la vulnerabilidad de comunidades privadas de sus derechos econó-micos y políticos; subvenciona la destrucción ecológica; crea una industria especializada en la evaluación de riesgos ambientales; retrasa las acciones de eliminación de residuos y no desarro-lla procesos precautorios contra la contaminación, como estrategia principal y predominante.

La toma de decisiones medioambientales y la planificación del uso de la tierra a nivel local se llevan a cabo en medio de los intereses científicos, económicos, políticos y especiales, de tal forma que exponen a las comunidades de color a una situación peligrosa. Esto es particularmente cierto en el Sur Profundo de Estados Unidos que, por defecto, se ha convertido en una “zona de sacrificio”, un pozo negro para los residuos tóxicos del país, y está empañado por el legado de la esclavitud, Jim Crow y la resistencia blanca a la justicia equitativa para todos.

El sur de Estados Unidos se caracteriza por políticas medioambientales “que miran hacia el lado contrario” y por el otorgamiento de deducciones fiscales. La aplicación laxa de las normas me-dioambientales ha dado lugar a que el aire, el agua y la tierra de la región sean los más contamina-dos por la industria en Estados Unidos. En el Corredor Industrial del Bajo Mississippi en Luisiana se han establecido más de 125 empresas que fabrican diversos productos, incluidos fertili-zantes, gasolina, pintura y plástico. Los ecologistas y residentes locales lo han apodado “el Callejón del Cáncer”, y las deducciones fiscales que reciben las industrias contaminantes han creado pocos puestos de trabajo por un costo elevado. Esto es particularmente cierto en Luisiana. En 1998, un artículo de la revista Time puso de relieve que Luisiana había borrado de sus cuentas 3,100 millones de dólares en impuestos sobre propiedades de empresas contaminantes. Las cinco compañías más contaminantes del Estado han recibido 111 millones de dólares en el último decenio.

Existe una correlación directa entre la explotación de la tierra y la explotación de las personas. Los nativos americanos tienen que enfrentarse a algunas de las peores formas de contaminación de Estados Unidos, y los lugares en los que viven son los principales objetivos para vertederos de residuos y de basura, incineradores y operaciones mineras peligrosas. La contaminación industrial está manifestándose en la leche materna de las madres de Akwesasne en Nueva York. Las reservas de nativos americanos están siendo sitiadas por el “colonialismo radioactivo”.

El legado del racismo institucional ha privado a muchas naciones indias soberanas de una infraestructura económica para combatir la pobreza, el desempleo, la educación y la atención a la salud inadecuadas, y otros muchos problemas sociales.

El racismo ambiental también es evidente a escala mundial. El transporte de residuos peligrosos de las comunidades ricas a las comunidades pobres no soluciona el creciente problema de los desechos a nivel mundial. El transporte transfronterizo de pesticidas prohibidos, residuos peli-grosos y productos tóxicos, y la exportación de “tecnologías peligrosas” de Estados Unidos, donde la regulación y legislación son más rigurosas, a naciones con una infraestructura y una legislación más débiles, pone de manifiesto la desigualdad normativa. Los distintos intereses y los acuerdos de poder han permitido que las sustancias venenosas de los ricos se ofrezcan a los pobres como remedio a corto plazo para su pobreza. Esta situación se observa tanto en el plano nacional (en Estados Unidos, donde las instalaciones de residuos y las industrias “sucias” afectan desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos y de personas de color), como en el plano internacional (donde los residuos peligrosos se transportan de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a los Estados no pertenecientes a la misma).

Las personas de color que se hallan en peligro en los países industrializados del norte tienen mucho en común con las poblaciones de los países en desarrollo que también están amenazadas por las empresas contaminantes. Por ejemplo, grupos comunitarios de Norco (Luisiana) a Ogoni (Nigeria) identificaron Shell Oil como una amenaza común. Los activistas de la justicia me-dioambiental se han movilizado en guetos del centro de las ciudades, barrios y pueblos, desde Atlanta hasta el Círculo Ártico, de Alaska al sur-centro de Los Ángeles, de Sudáfrica a las reservas rurales de los nativos americanos y las selvas tropicales en Colombia, Ecuador, El Salvador y Brasil. Estos grupos se han organizado, educado y empoderado a sí mismos para desafiar al gobierno y a las empresas industriales contaminantes.

El racismo ambiental se manifiesta en el trato desigual que reciben los trabajadores. Miles de trabajadores agrícolas y sus familias están expuestos a pesticidas peligrosos en el lugar de trabajo y en los campos donde trabajan. También tienen que soportar salarios y condiciones de trabajo inferiores al nivel medio. El racismo ambiental también se extiende al entorno del trabajo explotador en las esclavizantes manufactureras de ropa de los distritos, la industria microelectrónica y las industrias de extracción. Un porcentaje desproporcionadamente elevado de trabajadores que se enfrentan a condiciones laborales y de seguridad ínfimas son inmigran-tes, mujeres y personas de color.
  • Publication and ordering details
  • Pub. Date: 1 Oct 2004
    Pub. Place: Geneva
    From: UNRISD