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In Quest of Sustainable Development



Los dirigentes mundiales se reunieron en Johannesburgo a finales de agosto de 2002 para examinar los progresos realizados con respecto a la aplicación de las conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro diez años antes. La Asamblea General de las Naciones Unidas también les instó a que “reforzaran los compromisos mundiales con el desarrollo sostenible”. Sin embargo, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) de 2002 hizo frente a una tarea aparentemente imposible.
Para que la CNUMAD respaldara el término “desarrollo sostenible” como objetivo general primordial, éste debía ser lo suficientemente amplio como para contemplar interpretaciones muy diversas. Los participantes tenían intereses contrapuestos, percepciones divergentes, entornos históricos y medioambientales singulares y, con frecuencia, valores totalmente distintos. La Cumbre de Johannesburgo brindó una oportunidad para poner de relieve algunas de las cuestiones conflictivas de orden político y económico subyacentes a los recientes procesos insostenibles. Este documento pretende contribuir a los debates sobre posibles políticas encaminadas a mejorar dichos procesos, examinando sucintamente la dinámica social del cambio medioambiental.

Tendencias contradictorias
Algunas tendencias medioambientales preocupantes a escala mundial se han documentado y difundido ampliamente. Las emisiones de gases invernadero procedentes de la actividad humana siguen acumulándose en la atmósfera, contribuyendo a un cambio climático no deseado. La diversidad biológica necesaria para preservar la vida en el planeta se está erosionando a un ritmo sin precedentes. Los bosques tropicales que aún quedan en el mundo están reduciéndose con gran rapidez. La erosión de la tierra amenaza con degradar una gran parte de la superficie agrícola tan necesaria. Los ecosistemas marinos y costeros están minándose, y la pesca oceánica corre peligro. La disminución de los recursos de agua dulce amenaza los medios de vida en muchas regiones. La lista de preocupaciones medioambientales podría ampliarse constantemente.
Los más optimistas pueden citar algunas tendencias mundiales que parecen más positivas. La reducción de la capa de ozono se ha hecho mucho más lenta. La contaminación del aire y del agua en zonas metropolitanas se ha revertido en algunos países de altos ingresos. Sin embargo, al compás de los logros ambientales en los países ricos, ha aumentado la degradación medioambiental en los países pobres. Los modelos insostenibles de producción-consumo y de eliminación de residuos establecidos en los primeros están provocando daños medioambientales y polarización social en los segundos, ya que sus efectos se transmiten a través del comercio, la economía, varias formas de coacción y otros muchos mecanismos.

Las recientes tendencias socioeconómicas y medioambientales a escala mundial han sido de diversa índole, pero en muchos aspectos han amenazado el tipo de desarrollo sostenible previsto por la Comisión Brundtland y la Cumbre para la Tierra. El crecimiento económico mundial que tuvo lugar después del decenio de 1950 (tal como se evalúa convencionalmente) se ralentizó en gran medida después del decenio de 1970. Esta caída fue más pronunciada para los países de bajos y medianos ingresos de África y Latinoamérica. Esto se compensó en parte en los promedios mundiales por el rápido y continuo crecimiento de los países de bajos ingresos de Asia oriental con poblaciones muy numerosas, como China.
Sin embargo, un aspecto más preocupante para el desarrollo sostenible que las tasas de crecimiento del PNB, es la calidad del crecimiento. Los modelos actuales de producción-consumo parecen ser cada vez más insostenibles desde los puntos de vista tanto social como medioambiental. La tasa de crecimiento de la población mundial se ha ralentizado, y se prevé que la población mundial se estabilizará en unos 9,000 o 10,000 millones de personas al final del siglo XXI. Pero el incremento de la producción y los residuos per cápita está amenazando los ecosistemas naturales que preservan la vida en todo el mundo.
Según la mayor parte de las estimaciones, la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres aumentó en el decenio de 1990, tanto dentro de los países como entre los países propiamente dichos. Diferentes criterios, indicadores y períodos de tiempo para las estimaciones de los ingresos pueden conducir a conclusiones contradictorias. Por ejemplo, al utilizar las estimaciones de ingresos sobre la base de la “paridad del poder adquisitivo” (PPA) y ponderar los países según sus poblaciones, pueden manipularse los datos para mostrar una reducción de las desigualdades mundiales. Sin embargo, la PPA en dólares debe suponer relaciones de precios similares a las predominantes en Estados Unidos para los países pobres con estructuras socioeconómicas y niveles de recursos muy diferentes. Si la PPA en dólares fuera realmente una estimación adecuada de los ingresos, válida a todos los niveles, entonces la carga de la deuda externa de los países de bajos ingresos podría reducirse en más del 75 por ciento, y la de los países de medianos ingresos en más de un 50 por ciento, simplemente calculándolas de nuevo en términos de PPA en dólares.

En realidad, las consecuencias para el desarrollo sostenible son imperceptibles, independientemente de que los indicadores estadísticos nacionales e internacionales muestren una disminución o un aumento mínimo de las desigualdades de los ingresos y las tasas de pobreza. Los procesos de “desarrollo” y “mundialización” siempre perjudican a unos y benefician a otros. Muchos indicadores sociales como la esperanza de vida y las tasas de alfabetización han mejorado en promedio, pero esto oculta muchas situaciones en que han empeorado. Las personas perjudicadas con bajos ingresos casi nunca reciben una indemnización adecuada para mantener sus medios de vida, aun cuando los beneficios generales para sus sociedades superen con creces las pérdidas.
Los indicadores, tendencias y comparaciones socioeconómicas y medioambientales a nivel macro pueden ser útiles para algunos efectos, como llamar la atención pública hacia algunos problemas que parecen haberse desatendido, pero que en otros contextos se han abordado con éxito relativo. Por ejemplo, los niveles de salud, nutrición y educación de la población pobre son mucho más elevados en algunos países desfavorecidos como Sri Lanka y Cuba que en otros países con ingresos promedio per cápita mucho más elevados. Para otros fines como proponer reformas de política eficaces para abordar tales problemas, suelen ser guías insuficientes. El análisis de la política requiere de un enfoque holístico integrado que vincule hábilmente los procesos históricos con contextos interrelacionados a todos los niveles. Por consiguiente, una gran parte de este documento está dedicada a examinar casos de estudios locales en el terreno cuyos contextos son muy variados y susceptibles de cambio.

Políticas para el desarrollo sostenible
Las políticas son iniciativas emprendidas resueltamente para lograr objetivos percibidos. Son inevitablemente conflictivas. Además, sus efectos suelen ser ambiguos en sistemas dinámicos. Sus resultados están influidos por numerosos factores internos y externos impredecibles, y por las intenciones e intereses divergentes de algunos de sus defensores. Las políticas públicas aparentemente encaminadas a impulsar el desarrollo sostenible han tenido muchos efectos positivos, pero, a menudo, también negativos. Las respuestas de política positivas a la degradación socioeconómica y medioambiental pronosticada contribuyen a explicar por qué las previsiones pesimistas, con frecuencia, han sido erróneas.
La descentralización democrática local se ha incorporado como objetivo del desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, la concentración mundial del poder tecnológico, militar, financiero y político ha crecido a un ritmo acelerado, según la opinión mayoritaria. Esta contradicción está supuestamente superada por la aplicación de principios de subsidiariedad, por lo que las decisiones y los recursos se atribuyen al nivel más bajo (más descentralizado) posible. Sin embargo, el significado de estos niveles en la práctica da lugar a innumerables debates y conflictos. Además, la descentralización, en ausencia de reformas en las instituciones y en las políticas nacionales e internacionales con la consecuente redistribución de los recursos, puede ser contraproducente.
Hay una amplia percepción de que los estados-nación han perdido su capacidad de influir en sus sociedades y que todos ellos están subordinados a fuerzas transnacionales impersonales como los mercados financieros mundiales. Esta visión es distorsionada. Los estados subordinados, las dependencias y las colonias nunca han tenido la oportunidad de determinar sus propias estrategias de desarrollo. En la actualidad, todos los estados-nación influyentes del mundo están integrados en un sistema mundial, que no podría sobrevivir sin el apoyo activo tanto militar como tecnológico y político. Por lo tanto, como en el pasado, se mostrarán intolerantes con las desviaciones de países subordinados o entre ellos mismos, que puedan amenazar el sistema.

No debería esperarse que los esfuerzos desplegados recientemente por los organismos de las Naciones Unidas, grandes empresas multinacionales, gobiernos y algunas ONG con miras a crear asociaciones para el desarrollo sostenible, tengan consecuencias importantes. Algunas grandes empresas multinacionales controlan actualmente una gran parte de los recursos financieros del mundo, al igual que su capacidad para producir nuevas tecnologías modernas, fundamentales para el poder político-militar del Estado. Influyen sobremanera en los programas políticos e ideológicos de todo el mundo, al controlar los medios de comunicación, pero dependen totalmente de la protección política y militar de algunos estados-nación poderosos como Estados Unidos, Japón y los pertenecientes a la Unión Europea.
En la actualidad, las empresas influyentes afirman poder lograr el desarrollo sostenible ejerciendo la “responsabilidad empresarial” y la observancia de un “ balance social”, que integra los objetivos de los beneficios económicos con los derivados de la promoción del bienestar social y la protección medioambiental. Esto es absurdo en el orden mundial actual. Tendría que suponer leyes públicas, instituciones, regulaciones, prácticas contables, estructuras fiscales y subsidios, entre otras cosas, que apoyaran los objetivos del desarrollo sostenible. Las fuerzas sociales democráticas de carácter popular deberían ser dominantes o muy influyentes en todo el mundo. A juicio de la mayoría de los observadores, se trata de una visión utópica. Está claro que no se asemejaría al “capitalismo” según lo conocemos.

Así pues, ¿qué podría hacerse en Johannesburgo para promover el desarrollo sostenible? Probablemente no mucho, en vista de la situación internacional actual. Sin embargo, los defensores de un mundo mejor podrían esforzarse por impulsar un programa sencillo, cuyas consecuencias podrían ser drásticas si se tomara en serio.
En primer lugar, la CMDS podría reafirmar la importancia de llegar a un acuerdo sobre unos objetivos comunes, pero con responsabilidades diferenciales. Cabe el riesgo de que los componentes sociales del desarrollo sostenible se minen a expensas de los considerados frecuentemente componentes ecológicos. Los derechos humanos universales, la justicia social junto con una mayor igualdad, la eliminación de la pobreza, la participación popular democrática para todos, la búsqueda del desarrollo y de mercados nacionales relativamente autónomos, y los derechos de los países a formular y aplicar sus propias estrategias de desarrollo, entre otras cosas, son partes tan integrantes del desarrollo sostenible como la disminución de los gases invernadero, el acceso a una atmósfera y agua más limpias, la preservación de la diversidad biológica y otros aspectos similares. En cualquier caso, todos estos objetivos suponen juicios de valor y negociaciones políticas. Los medios para su consecución tendrán que variar ampliamente en los diferentes contextos. No hay soluciones universales válidas para todos.

La gestión de gobierno descentralizada y democrática es fundamental, pero no la panacea. Deben tomarse grandes precauciones al promover la descentralización en diferentes entornos. El modo de alcanzar este objetivo en un mundo caracterizado por crecientes desigualdades constituye un gran dilema. La privatización de los derechos de propiedad tal como se practican actualmente, lejos de disminuir la concentración, provoca su aumento. La distinción entre propiedad “privada” y “pública”, y entre entidades “locales”, “nacionales” y “cosmopolitas” siempre ha sido sumamente confusa y polémica. Poner énfasis en los problemas mundiales y ofrecer soluciones locales a los mismos al promover el desarrollo sostenible puede ser contraproducente, a menos que los gobiernos locales puedan ejercer su poder político y movilizar los recursos necesarios para reorientar los procesos insostenibles que están afectándoles negativamente. Esto supone profundas reformas nacionales e internacionales.
Las estrategias “neoliberales” con el libre comercio son una anatema para el desarrollo sostenible en muchos contextos, aunque no tanto en otros. Por lo general, el comercio no regulado por gobiernos populares, sino por instituciones que dependen en primer instancia del apoyo de las empresas multinacionales y de otros intereses comerciales, beneficiarán principalmente a los ricos a expensas de los pobres y del entorno natural. Los mercados pueden ser buenos sirvientes, pero son malos patrones.

Reformar los derechos de propiedad para apoyar el desarrollo sostenible es una cuestión fundamental. Los derechos y obligaciones en materia de propiedad giran en torno a las relaciones sociales, en lo que concierne al acceso a los objetivos y servicios deseados por diferentes grupos y clases sociales. Determinan en gran medida la distribución de las riquezas, los ingresos y el poder. Las reformas agrarias que otorgan un poder real a los que dependen directamente de la tierra, el agua y los recursos naturales asociados para su subsistencia son esenciales en muchos contextos. También lo son las reformas de las estructuras fiscales, las regulaciones sociales y medioambientales, y los subsidios, entre otras cosas, que forman parte del conjunto de derechos y obligaciones asociados con la propiedad o la tenencia. La CMDS no puede hacer mucho a este respecto, salvo poner de relieve la necesidad fundamental de que la comunidad internacional apoye las reformas de los derechos de propiedad que contribuirían al desarrollo sostenible. Dichas reformas deberían propiciar una distribución más equitativa de los recursos agrarios y de otros recursos naturales. También conllevarían una estricta regulación democrática de las empresas multinacionales con miras a orientarlas hacia el logro de estos objetivos.

El desafío más importante al que se enfrenta la CMDS es el modo de hallar y movilizar las fuerzas sociales que puedan conseguir la introducción de las reformas institucionales y de política necesarias. Esto debería ser un tema clave. Las respuestas tendrían que variar en función de los lugares y de los períodos de tiempo. Para ser eficaces, deberán incluir, entre otros, a la población pobre y sin poder, y en particular a las clases trabajadoras que carecen de propiedad.

  • Publication and ordering details
  • Pub. Date: 1 Sep 2005
    Pub. Place: Geneva
    ISSN: 1020-816X
    From: UNRISD