1963-2013 - 50 years of Research for Social Change

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Livelihood Struggles and Market Reform: (Un)making Chinese Labour after State Socialism



El surgimiento de China como el taller del mundo, se ha basado, entre otros aspectos, en una profunda reestructuración de la fuerza de trabajo. El desempleo masivo en el sector industrial estatal tiene lugar al mismo tiempo que la trascendental migración de campesinos a las fábricas mundiales. Tanto la desaparición como la aparición de la clase trabajadora china han sido determinadas en gran medida por el Estado. En este documento se examina la evolución histórica de cambios fundamentales en la reforma laboral de China y en los derechos de los trabajadores: desde la introducción de los contratos de trabajo hasta la promulgación de una legislación laboral nacional, la destrucción del socialismo basado en unidades de trabajo y la sustitución por un régimen de seguridad social nacional. También se analiza la lucha de los trabajadores por sus medios de vida como respuesta a esta transformación de trascendencia histórica.

Para los trabajadores chinos, el problema fundamental no son los nuevos sistemas laborales y de bienestar, sino las grandes discrepancias entre la estipulación y la aplicación de estas nuevas políticas. En este documento se señala que la fuente institucional de este desequilibrio radica en dos contradicciones inherentes a la estrategia de la reforma china. En primer lugar, el imperativo de depender de la acumulación local para impulsar la comercialización entra en conflicto con la necesidad imperiosa de mantener la legitimidad al ofrecer a la población más desfavorecida un nivel elemental de justicia y bienestar. Los agentes estatales locales están más interesados en el primer imperativo que en el último, en particular cuando pueden confiar en la intervención financiera del gobierno central para mantener la estabilidad social. La segunda contradicción inherente a la reforma china que propicia la protección desigual de los derechos laborales está relacionada con la naturaleza intransigente del sistema jurídico del país. El Estado utiliza la ley como un medio para controlar a la sociedad, mientras que, en la mayoría de los casos, el mismo Estado no se somete a dicha legislación. Cuando la aplicación de la legislación laboral no está en el interés de los funcionarios locales, apenas existe autoridad compensatoria—del poder judicial, por ejemplo—que preserve la inviolabilidad de la ley.

Por consiguiente, al comprender que injustamente se les niegan sus derechos jurídicos, y presionados por sus necesidades de subsistencia, muchos trabajadores se rebelan contra la política. El notable incremento de los conflictos laborales está acompañado por la proliferación del activismo laboral, que adopta formas tanto convencionales (es decir, peticiones, arbitraje laboral y litigios) como no convencionales (a saber, protestas, manifestaciones y obstrucción de carreteras). El Estado ha respondido combinando moderadamente las concesiones con la represión. Las demandas económicas y de subsistencia son identificadas, y en muchos casos atendidas al menos parcialmente, con una rápida compensación financiera subsidiada por el gobierno central o provincial. Por otra parte, las demandas políticas como aquellas relacionadas con la destitución de los funcionarios o con medidas adoptadas en las fábricas son implacablemente reprimidas, y castigadas con dureza.

A pesar de las protestas, el gobierno chino ha seguido presionando con fuerza para llevar a cabo la reforma de la seguridad social, centrándose en solucionar cuestiones problemáticas como el retraso en el pago de las pensiones, salarios no saldados, las prestaciones por desempleo y el seguro médico. Asimismo, los fondos ya destinados se canalizan de Beijing hacia las arcas provinciales, para hacer frente a las quejas sociales que puedan estallar en inestabilidad social. También se ha previsto institucionalizar sistemáticamente la prestación de asistencia jurídica a las personas con ingresos por abajo de cierto nivel. Así pues, el Estado chino ha respondido a las exigencias populares, pero sólo de forma lenta y selectiva. Por último, no se ha despojado totalmente de sus bienes o proletarizado a los trabajadores migrantes ni a los trabajadores estatales. Los derechos territoriales rurales para los campesinos migrantes y el derecho a un hogar privado para los trabajadores estatales han funcionado como válvulas de seguridad para calmar los efectos del desempleo masivo y de la explotación atroz.

Las mujeres pertenecientes a los dos sectores de la clase trabajadora aquí analizados se enfrentan a dificultades específicas de la distinción por género. Al desaparecer el bienestar basado en la empresa, la unidad familiar se ve obligada a redoblar sus esfuerzos para asegurar la prestación de servicios y el apoyo económico. Estas cargas domésticas siguen recayendo fundamentalmente sobre las mujeres. Asimismo, las mujeres son las primeras en ser despedidas cuando se lleva a cabo la reestructuración de las empresas recortando su plantilla. Al enfrentarse a las desventajas relacionadas con la distinción por género en el mercado de trabajo y al estar sujetas a un régimen de derecho al bienestar basado en el empleo y no en la ciudadanía universal, las mujeres trabajadoras no están protegidas por la nueva red de seguridad social. Los prejuicios de los hombres en lo que respecta a la asignación de la vivienda durante el régimen socialista en el pasado han socavado involuntariamente las oportunidades de las mujeres de llegar a ser propietarias cuando las unidades de trabajo comenzaron a privatizar viviendas “de bienestar” durante el período de la reforma. Para las mujeres jóvenes migrantes que trabajan duramente en fábricas mundiales, la ausencia de prestaciones por maternidad les obliga a truncar su carrera en la fábrica para poder dar a luz y cuidar a sus hijos, y también a sus familiares mayores. Los recientes cambios legales en lo que respecta a los derechos de utilización de la tierra podrían acabar con la igualdad de acceso de las mujeres a la utilización de la tierra, lo que tendría graves consecuencias a largo plazo para la seguridad de los medios de vida de las mujeres migrantes. Sin embargo, los perjuicios en la distinción por género todavía no han empezado a hacer mella en la difícil situación en que se encuentran millones de trabajadores chinos durante el período de la reforma. Los trabajadores de mediana edad del sector estatal, ya sean hombres o mujeres, son objeto de discriminación por motivos de edad, y los trabajadores migrantes de ambos sexos sufren las consecuencias de pertenecer a la “casta” de residentes rurales. La falta de pago de los salarios y las pensiones seguirá menoscabando la vida de los hombres y mujeres de la clase trabajadora mientras el sistema jurídico y el gobierno sigan sin aplicar la legislación laboral.
  • Publication and ordering details
  • Pub. Date: 1 Feb 2005
    Pub. Place: Geneva
    ISSN: 92-9085-050-7
    From: UNRISD