1963-2013 - 50 years of Research for Social Change

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ICT's and Social Development: The Global Policy Context



Junto con el importante crecimiento e integración de la industria de la ICT (tecnología de la información y de las comunicaciones) en el último decenio, las políticas mundiales de comunicaciones están experimentando un profundo cambio. Durante casi cien años, desde los primeros acuerdos internacionales que facilitaron la comunicación intercontinental por radio y teléfono, la función de las instituciones internacionales ha sido principalmente la coordinación de las políticas nacionales, forjadas independientemente por los gobiernos soberanos. Sin embargo, actualmente se está reduciendo el espacio para la elaboración de políticas nacionales independientes, y el ámbito de las políticas internacionales cada vez adquiere mayor preferencia sobre los restantes.

En este documento, Cees Hamelink analiza el entorno internacional cambiante para resolver las cuestiones importantes de la tecnología de la información. Comienza con una exposición del proceso de negociación que abarcó todo un decenio y que culminó en el Acuerdo Mundial de Telecomunicaciones, a través del cual la industria de las telecomunicaciones ha logrado aceptar la liberalización y la privatización progresivas. Esto repercute en la disponibilidad y accesibilidad general y financiera de las infraestructuras y servicios de la ICT en todos los países del mundo, al igual que sucede con las negociaciones en otros tres ámbitos tratados en este documento: reforma del sistema de liquidación de las tasas contables para las llamadas internacionales, control de los servicios por satélite y gestión del espectro electromagnético.

Otros debates sobre las políticas internacionales, como los relacionados con la protección del derecho de propiedad intelectual (IPR), afectan a la variedad de información y conocimientos puestos gratuitamente a disposición del público. En los últimos años, el régimen internacional se ha alejado de los aspectos de interés público del IPR y se ha inclinado a favorecer los intereses económicos de los propietarios. Al mismo tiempo, el acceso a una gran diversidad de información se está viendo seriamente amenazado por la fuerte tendencia a la consolidación que experimenta el Mercado mundial de información y comunicaciones, y por la ausencia de una política de competencia convincente en muchos ámbitos nacionales.

Hamelink también considera nuevas cuestiones emergentes en conexión con el comercio electrónico, incluidos los problemas de impuestos y jurisdicción legal aplicados a las empresas que funcionan a nivel transnacional, el control de la criptografía, la protección de la vida privada y el problema de la validación de las firmas electrónicas. Por último, explica algunas de las cuestiones institucionales que deben resolverse en el proceso de elaboración de un sistema de gobierno internacional de Internet.

Las empresas transnacionales desempeñan un papel cada vez más importante en la resolución de estas cuestiones. En este proceso, el lugar geométrico para la elaboración de políticas está desplazándose de los gobiernos a las asociaciones comerciales privadas. También está cambiando la importancia relativa de algunas organizaciones internacionales en la formulación de políticas de la ICT, a medida que las políticas de comunicaciones se desplazan de los puntos de reunión tradicionales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a la Organización Mundial del Comercio. Este cambio político denota una creciente tendencia a considerar la información más bien un producto básico que debe facilitarse a los clientes que un producto público que debe ponerse a disposición de los ciudadanos.
Esta evolución es preocupante. ¿Qué puede hacerse para mejorar la calidad del gobierno en el ámbito de la ICT y para reforzar los aspectos de interés público en la elaboración de políticas sobre cuestiones de información y de comunicaciones? En la última sección de este documento, Hamelink estudia algunos principios de acción para aquellos que desean garantizar que la ICT se utilizará en beneficio del sector más amplio posible de la sociedad.

En primer lugar, propone que el debate no se centre en un marco de falsa dicotomía entre el Estado y el mercado. Ni las instituciones gubernamentales ni las fuerzas del Mercado pueden, por sí mismas, garantizar al público en general un servicio adecuado. El desafío para los sectores tanto públicos como privados es lograr que las consideraciones políticas se centren en el interés público y asegurar el establecimiento de sistemas adecuados para la responsabilización pública. Esta cuestión es, fundamentalmente, un debate nacional. Pero, en vista de la gran influencia actual de las fuerzas mundiales, también es preciso que los formuladores de políticas y los ciudadanos que comparten intereses comunes se movilicen a través de fronteras y regiones, y que insistan en el buen gobierno a nivel internacional.

La elaboración de políticas en las principales organizaciones internacionales que abordan las cuestiones de la ICT debería caracterizarse por la transparencia, la responsabilización y la amplia participación cívica. No obstante, la representación de la “sociedad civil” en los foros internacionales plantea complejas cuestiones administrativas y logísticas, incluida la imposibilidad absoluta de asegurar que una ONG o un grupo de ONG represente adecuadamente la diversidad de intereses de la “sociedad civil mundial”. Dado que las distintas cuestiones exigen diferentes modalidades de intervención, Hamelink propone un planteamiento flexible de la representación pública en las organizaciones y acontecimientos internacionales, a través del cual se formen coaliciones ad hoc en torno a sectores problemáticos específicos. Un modelo interesante al respecto es el movimiento que surgió en 1996—en gran parte por el uso de Internet—contra el Acuerdo multilateral de inversiones (MAI). Una característica importante de este tipo de movilización es su éxito en la elaboración de propuestas alternativas constructivas.

Evidentemente, la intervención cívica resulta insignificante, si se facilita una información inadecuada. Por lo tanto, urge el establecimiento de programas de educación sobre la ICT bien elaborados, de carácter formal e informal, que superen la formación técnica y fomenten la visión crítica de las consecuencias sociales de las tecnologías de la información y la comunicación.
  • Publication and ordering details
  • Pub. Date: 1 Oct 1999
    Pub. Place: Geneva
    ISSN: 1012-6511
    From: UNRISD