1963-2013 - 50 years of Research for Social Change

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Economic Policy Making and Parliamentary Accountability in Chile



Las características importantes de la nueva democracia en Chile han sido la adopción generalizada de un enfoque consensuado en la eficacia política, la disciplina fiscal y un especial cuidado en evitar el populismo económico y la polarización ideológica. La enorme influencia que lograron ejercer los cuadros técnicos en la política anterior a la transición, ha sostenido la estrategia pragmática que se sigue desde 1990. Este estudio sostiene que, irónicamente, la extensión de las convenciones políticas tecnocráticas del poder ejecutivo al legislativo—ilustrado por la presencia cada vez mayor de economistas en el Congreso—puede haber fomentado la rendición de cuentas democrática, acrecentando la importancia política del poder legislativo y aumentando su capacidad de desafiar las iniciativas gubernamentales y las preferencias políticas en un sistema super-presidencial.

A pesar de que el poder ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva en materia de presupuesto y carece de prerrogativas constitucionales, el poder legislativo ha participado cada vez más en las negociaciones políticas, en particular tras las reformas del proceso presupuestario introducidas en el decenio de 1990. Los “legisladores economistas” han desempeñado un papel fundamental en la moderación del dominio del poder ejecutivo en la política económica, particularmente a través de la reivindicación de su jurisdicción profesional en las comisiones del Congreso pertinentes para la formulación de políticas económicas, y en las negociaciones informales con los responsables gubernamentales de la economía.

Sin embargo, los esfuerzos para fortalecer la hegemonía presidencial sobre las finanzas estatales, tienen una larga tradición en Chile. En efecto, la constitución adoptada en 1980, durante el régimen autoritario de Augusto Pinochet, reafirmó muchas normas presupuestarias introducidas en reformas constitucionales anteriores. El marco político actual está considerablemente aceptado, y en el decenio de 1990 el Congreso aprobó propuestas presupuestarias sin introducir modificaciones, o con cambios menores. Si bien el gobierno ha hecho concesiones respecto a la calidad y periodicidad de la información transmitida a los legisladores, y ha tomado iniciativas para aumentar la transparencia y la eficacia de los gastos gubernamentales, los legisladores frustrados siguen exigiendo una mayor supervisión en el proceso presupuestario. Sin embargo, han fracasado los intentos para establecer mecanismos para analizar las políticas de forma independiente en el poder legislativo, y el Congreso aún carece de acceso adecuado a conocimientos especializados, información y recursos para evaluar la formulación de políticas económicas. Por consiguiente, la autora señala que, a los efectos de un empoderamiento más eficaz y permanente de la legislatura, sería necesario examinar los acuerdos institucionales actuales, en particular los que afectan a las relaciones entre los poderes, y las características organizativas del Congreso.
  • Publication and ordering details
  • Pub. Date: 1 Dec 2003
    Pub. Place: Geneva
    ISSN: 1020-8178
    From: UNRISD