1963-2013 - 50 years of Research for Social Change

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Back | Programa: Mercados, empresas y regulación

Trade, Regionalism and the Politics of Policy Making in Nicaragua



Las diferencias de poder son una constante omnipresente en las negociaciones comerciales internacionales. Esto resulta obvio no solo entre socios comerciales, sino también entre actores no estatales, como las empresas y la sociedad civil, que influyen en los procesos públicos de formulación de políticas. En efecto, la proliferación de actores no estatales en la formulación de la política comercial ha hecho de la negociación comercial un enrevesado proceso en el cual las ganancias y pérdidas que acusan los actores están directamente correlacionadas con la cuota de poder que ostentan a nivel nacional.

No obstante, la bibliografía tradicional sobre las relaciones internacionales y buena parte del análisis contemporáneo de la economía política de las negociaciones comerciales a menudo no se ocupan de esta dinámica del poder. En este trabajo se aborda esta laguna de información mediante el examen de la dinámica de la formulación de la política comercial en Nicaragua. En él se considera específicamente:
  • ¿Cómo un país pequeño y de bajos ingresos como Nicaragua utiliza su espacio de negociación, es decir, su capacidad para obtener resultados en un acuerdo comercial? ¿Cuáles son las concesiones que debe hacer y sus implicaciones para el desarrollo?
  • ¿Cómo afectan los actores no estatales la formulación de la política comercial y las preferencias nacionales en el contexto de un acuerdo regional de comercio como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (DR–CAFTA)? ¿Cómo la movilización social repercute en el proceso de formulación de la política comercial?
  • ¿Qué ocurre con los regímenes de libre comercio y la política de integración regional cuando la política nacional toma un claro giro hacia la izquierda?

Para responder a estas interrogantes, el documento analiza el surgimiento de regímenes integracionistas alternativos como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que tiene que ver no solo con el comercio sino además con la identidad común y la cooperación Sur-Sur. El documento trata específicamente dos aspectos: el papel del ALBA en el manejo de las restricciones estructurales de las que no se ocupa el DR-CAFTA y la evidente paradoja entre los principios fundamentales del ALBA (como la solidaridad y la equidad) y la marginación de los actores no estatales en el proceso de la formulación de políticas.

La economía política del DR–CAFTA muestra que los países de bajos ingresos como Nicaragua pueden utilizar, y utilizan, su espacio de negociación en la creación de regímenes de comercio internacional. No obstante, sus estrategias y tácticas, así como las diferencias de poder en relación con otros actores, tienen un profundo impacto sobre el alcance de este espacio de negociación. Además, la creciente participación de actores no estatales en las negociaciones comerciales internacionales ha borrado la distinción entre los dos niveles propuestos por el modelo de negociación a dos niveles. En efecto, en el DR-CAFTA, el sector privado nicaragüense salió fortalecido frente a actores de la sociedad civil como el movimiento anti-CAFTA y la red regional Iniciativa CID que proponían una “agenda (social, regulatoria y productiva) complementaria”. La pericia de los grupos empresariales, sus estrechos vínculos con los negociadores clave y su acceso a ellos y sus crecientes relaciones regionales y transnacionales les confirieron un poder estructural con el que no contaron los actores de la sociedad civil en las negociaciones. En última instancia, el empresariado nicaragüense se vio obligado a limitar su influencia ante el Representante Comercial de Estados Unidos y algunos grupos clave de cabildeo de la industria manufacturera y la agroindustria estadounidense (como la industria de la confección y el vestido y las negociaciones “extraoficiales” del DR-CAFTA), lo que condujo a que se hicieran concesiones.

Los tratados bilaterales y regionales de comercio como el DR-CAFTA ofrecen un acceso ampliado a los mercados de los países desarrollados a cambio de compromisos en materia de derechos de propiedad intelectual (DPI), reglas de inversión, contratación pública y servicios que son más rigurosos que los acordados en la Organización Mundial de Comercio (OMT), lo que trae consigo graves implicaciones para el desarrollo incluyente. En el caso de los DPI, el DR-CAFTA restringió aún más la definición de lo que constituye una amenaza sanitaria nacional al respecto de lo que estipula el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), lo que podría coartar la autonomía de los gobiernos centroamericanos para permitir las importaciones paralelas de medicamentos genéricos en caso de necesidad. En relación con las inversiones, el DR-CAFTA ilegalizó ciertas herramientas de política—que han sido fundamentales para los países de desarrollo temprano y tardío—como aquellas relativas al contenido local (capacidad de los gobiernos anfitriones para exigir un cierto porcentaje de insumos producidos localmente en el proceso de producción de inversionistas extranjeros), requisitos de desempeño de la inversión extranjera directa (IED) para poder recibir incentivos y concesión de exenciones fiscales a actores económicos nacionales.

Adicionalmente, las negociaciones del DR-CAFTA no trataron asuntos clave para los países centroamericanos, como los subsidios de Estados Unidos a su sector agrícola y las limitaciones a la oferta y la producción que afectan a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas nicaragüenses. Desde el punto de vista discursivo y conceptual, los regímenes integracionistas alternativos como el ALBA abarcan temas como el comercio justo, la solidaridad y las asimetrías regionales y nacionales, que podrían atender las lagunas estructurales que el DR-CAFTA dejara de lado. Sin embargo, para que el ALBA pueda convertirse en un instrumento de desarrollo incluyente, su implementación a nivel nacional debe ser más participativa y transparente a fin de asegurarse de que no menoscabe sus propósitos básicos al convertirlo en un esquema que seleccione parcialmente a sus “beneficiarios”.

Se necesita una “agenda complementaria macro” que responda a las deficiencias estructurales y fortalezca a los potenciales perdedores de la liberalización del comercio a fin de velar por una distribución más equitativa de los costos y beneficios entre el sector empresarial y la sociedad civil. Más aun, en el contexto de las negociaciones comerciales actuales y futuras, será esencial establecer mecanismos eficaces de acceso tanto a los negociadores como al conocimiento técnico que se requiere para equilibrar los distintos niveles de poder entre los actores no estatales nacionales, regionales y transnacionales. Además, podría ponerse en práctica una serie de innovaciones en las estrategias de negociación de los gobiernos (como fortalecer y superar el pilar de acceso a los mercados y utilizar indicadores y referencias de desarrollo sostenible en las negociaciones) a fin de generar estrategias tangibles para la defensa de los espacios de política de los países. Finalmente, es fundamental que los gobiernos centroamericanos confronten las disparidades y limitaciones de la oferta nacional y regional para promover el acceso al crédito, fomentar la innovación y reducir las desigualdades sociales. Si no se tiene la capacidad para conectar los regímenes comerciales a las políticas de desarrollo incluyente y sostenible, mejorar la vinculación con la economía mundial seguirá siendo un desafío elusivo.

El Departamento de sociología de la Universidad de Ginebra y UNRISD estaban a cargo de la coordinación de este proyecto
  • Publication and ordering details
  • Pub. Date: 15 Jun 2009
    Pub. Place: Geneva
    ISBN: 1991-9921
    From: UNRISD