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The Political Economy of International Communications: Foundations for the Emerging Global Debate about Media Ownership and Regulation



En este documento, Robert McChesney y Dan Schiller analizan las variaciones del control que ejercen los sectores público y privado sobre los medios de difusión y las telecomunicaciones en la economía política mundial, las pautas de concentración y de inversión en todo el sector de las comunicaciones, y las posibilidades de mejorar el aporte de los medios de difusión y las telecomunicaciones al desarrollo en diferentes partes del mundo. Los autores comienzan discutiendo los medios de difusión mundiales, para abordar a continuación las telecomunicaciones. Concluyen con algunas propuestas generales sobre el modo en que los medios de difusión, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías de la información podrían utilizarse de manera más sistemática para mejorar la situación de las naciones y grupos desfavorecidos.

Prácticamente todas las variantes de la teoría social y política sostienen que el sistema de comunicaciones es el fundamento de las sociedades modernas. En términos políticos, éste sistema puede servir tanto para potenciar como para socavar la democracia, o una combinación de ambos. Menos comentado, aunque no por ello menos importante, es el hecho de que el sistema de comunicaciones haya surgido como un ámbito central para obtener beneficios en las sociedades capitalistas modernas. Como consecuencia, los especialistas han desplegado grandes esfuerzos para evaluar la relación que existe entre las comunicaciones, como actividades privadas, y las obligaciones sociopolíticas más amplias y necesarias con los cuales estos sistemas deben cumplir. Este es un tema central y recurrente en los estudios sobre los medios de difusión. El papel doble que desempeña el sistema de comunicaciones, como base de la economía mundial emergente y como fundamento clave de la democracia política, supone una tensión de suma importancia en el mundo. Según McChesney y Schiller, es imprescindible que los ciudadanos se organicen para establecer nuevas políticas de comunicaciones encaminadas a preservar y promover los valores democráticos.

En efecto, pocas industrias han experimentado tantos cambios a causa de la mundialización capitalista como la industria de las comunicaciones. Antes del decenio de 1980, los sistemas de difusión fueron representados por la radio, la televisión y la prensa. Los mercados de importación de películas, espectáculos televisivos, música y libros eran considerables y solían estar dominados por empresas con sede en los Estados Unidos de América. Pero los intereses comerciales locales, a veces combinados con servicios de difusión estatales, eran tan importantes como esenciales. Los sistemas de difusión eran en primer instancia nacionales y a menudo tenían por lo menos características limitadas propias del servicio público. Los monopolios de las telecomunicaciones solían estar bajo el control directo de los ministerios estatales de correos y de telecomunicaciones, y estas redes únicas coordinaban el flujo de tráfico internacional usando fórmulas estándares de tarifas compartidas.

Todo esto comenzó a cambiar rápidamente en los años 80 y 90, con la creación de un sistema comercial-corporativo transnacional de comunicaciones y el establecimiento de una lógica estructural. La explicación convencional de las comunicaciones globalizadas se centra en la tecnología, es decir, gracias a las mejoras radicales en la tecnología de las comunicaciones los flujos mediáticos y las actividades comerciales mundiales se han hecho viables, y, en general, todo esto es positivo. Sin embargo, esta consideración puede ser engañosa. La nueva tecnología de las comunicaciones se fundamenta en una fuerza política—el cambio hacia la ortodoxia neoliberal—que redujo o eliminó obstáculos impuestos a la explotación comercial de los medios de difusión, la inversión extranjera en el sistema de comunicaciones y la propiedad concentrada de dichos medios. Ningún aspecto inherente a la tecnología exigía la aplicación de una política liberal; por ejemplo, podrían haberse utilizado nuevas comunicaciones digitales simplemente para mejorar los servicios públicos, si la sociedad lo hubiera considerado oportuno.

En toda reforma, hay dos principios generales fundamentales. En primer lugar, es imprescindible que se difundan ampliamente los debates sobre estos temas, y que sean abiertos y transparentes, es decir, es precisa su democratización. Si algo nos ha enseñado la historia es que, si las partes con interés propio toman decisiones de un modo más bien secreto, el resultado es la creación de políticas fundamentalmente encaminadas a atender los intereses de las partes que las hayan formulado. Según un viejo dicho, “Quien no se halla entre los comensales, no participa en el banquete”. Nuestro trabajo como profesores, ciudadanos y demócratas es derribar la puerta de la sala y acercar más sillas a la mesa. Y al sentarnos a la mesa, ya debemos tener una idea muy precisa de los hechos y de los resultados que se pueden esperar.

En segundo lugar, el principio del control público, en oposición al control comercial corporativo, debe acreditarse nuevamente, reforzarse y ampliarse. Se han formulado algunas propuestas para fortalecer y democratizar los sectores de los medios de difusión y de las telecomunicaciones. Aunque estas propuestas varían sumamente de un país al otro, todas ellas giran en torno a ideas y principios concretos. Si bien es necesario que el sector dependa en menor grado del control comercial corporativo, convendría igualmente que una parte importante del sector no estuviera bajo el control estatal directo.

Robert W. McChesney y Dan Schiller son profesores en la Universidad de Illionois en Urbana-Champaign, donde ambos comparten cátedra en el Institute of Communications Research y la Graduate School of Library and Information Science.
  • Publication and ordering details
  • Pub. Date: 1 Dec 2003
    Pub. Place: Geneva
    ISSN: 1020-8216
    From: UNRISD