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Women in Contemporary Democratization



En el transcurso de las dos últimas décadas, los regímenes autoritarios en muchos lugares del mundo en desarrollo, así como en la Europa Centro-Oriental, han sido reemplazados por democracias. En este documento se analiza el problema de la democratización desde la perspectiva de la distinción por género. En tanto que muchos de los problemas que afligen a las “nuevas democracias” afectan a todos los ciudadanos (como el carácter elitista de los partidos políticos y el fracaso del estado para garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos o para lograr una reducción significativa de la pobreza), en lo que se refiere a la distinción por género esos mismos problemas se manifiestan e inciden en él de manera específica. En particular, el hecho de que se excluya persistentemente a las mujeres de la política formal, suscita varias dudas sobre la reforma a las instituciones democráticas, puesto que estas últimas no son automáticamente equitativas en cuanto al género.

En un sistema político democrático, se supone que los ciudadanos gozan de igualdad de derechos, oportunidades y expresión en la gestión de buen gobierno. En todas las versiones de democracia liberal se vincula el derecho a votar con el derecho a ser candidato a algún puesto oficial. Empero, las mujeres están mínimamente representadas en asambleas y gobiernos nacionales. La falta de presencia política de las mujeres es especialmente notable en aquellos países donde su movilización contribuyó a la caída del autoritarismo y a la transición hacia la democracia.

La supresión de la arena política convencional bajo un gobierno autoritario, muy a menudo se traduce en un giro de la acción política fundamental hacia “actividades que favorecen la movilización”, con énfasis especial en la movilización política de las mujeres. Lo que con suma frecuencia unifica a los grupos dispares que constituyen un movimiento feminista en esos contextos, es su dedicación a tratar de lograr un cambio en el gobierno. Sin embargo, la heterogeneidad social, política e ideológica de los grupos de mujeres, las tiranteces entre las corrientes feminista y femenil, y las divisiones en cuestiones de estrategia, permiten pronosticar dificultades futuras en la forja de coaliciones políticas y en la agregación de intereses para realizar el cambio en tiempos más “normales”.

La nueva ola de democratización no ha tenido un efecto feminizador en los parlamentos y en los gobiernos de las nuevas democracias. Obstáculos profundamente arraigados impiden a las mujeres participar significativamente en los partidos políticos. En el período posterior al de una transición, los partidos políticos ya consolidados, en países como Brasil y Chile, se han resistido notablemente a que participen en ellos las mujeres. Los partidos de izquierda que se han formado recientemente han aceptado más a las mujeres, aunque probablemente la participación de estas últimas en dichos partidos más pequeños puede generar beneficios más bien simbólicos que reales. Siendo la formación de autoridad política una actividad masculina, es sumamente difícil que las mujeres sean elegidas en cargos oficiales sin alguna forma de maniobra electoral, tal como el sistema de cuotas o curules reservadas para ellas. La adopción de cuotas y curules reservadas a las mujeres por parte del partido ANC sudafricano y por el NRM ugandés, los cuales dominan la política en sus respectivos países, ha generado un aumento significativo en el perfil político de las mujeres. Pero dada la falta de opciones políticas verdaderas para las mujeres, fuera de esos dos países, la participación política equitativa de las mujeres vis-à-vis la jerarquía de un partido sigue estando estrictamente acotada.

Además del tema de la igualdad política y la justicia democrática, el argumento para incrementar la representación de las mujeres en los organismos de toma de decisiones, muy a menudo se sustenta también en el hecho de que, más efectivamente que los hombres, las mujeres pueden contribuir a la formulación de políticas que les sean favorables a ellas mismas. Desde luego, ellas son más capaces de defender sus propios intereses; pero se trata de un supuesto controvertido. Continúan suscitándose interrogantes sobre cómo puede un grupo de población tan diverso como lo es el de “las mujeres” tener una representación significativa en el sistema político, ante la falta de procedimientos para plantear lo que ese grupo quiera o piense, y ante la falta de mecanismos para hacer que quienes las “representan” les rindan cuentas a sus electorados. Se han suscitado también preguntas como la siguiente, ¿por qué, en algunos contextos, la presencia creciente de las mujeres en política no se traduce en un cambio sustantivo de las políticas, a fin de que tenga repercusiones positivas en la vida de las mujeres en general?

Dado lo reducido del éxito actual en la feminización de los partidos políticos y en lograr que se elija a mujeres en los cargos públicos y de otra índole, no es de sorprender que se requieran también otras estrategias para incorporar los intereses de las mujeres en los procesos de elaboración de políticas. Una de esas estrategias consiste en tener acceso a la administración pública y operar directamente a través de ella. Los períodos de transición democrática, no obstante lo restringidos que sean, son propicios para intervenir en pro de las mujeres debido a que el estado es entonces potencialmente más fluido que en otros períodos. Pero este espacio está a menudo limitado debido a la naturaleza elitista de la transición, la cual va de arriba hacia abajo. Más aún, la habilidad de aquellas personas que operan desde el “interior” para promover persistentemente el cambio, depende menos del hecho de contar con un espacio institucional per se, y mucho más de las relaciones que se tenga con las organizaciones femeniles autónomas que sea factible establecer y aprovechar en el “exterior”. Pero, muy a menudo es difícil establecer relaciones efectivas entre el ámbito interior y el exterior: las mujeres que se organizan en grupos y movimientos populares en particular, pueden sentirse enajenadas en relación con las “instituciones oficiales para defensa de la mujer” que haya en la administración pública y con el personal femenino de esas instituciones. Las mujeres pueden distanciarse también deliberadamente de las autoridades públicas debido a que hayan tenido experiencias recientes de corrupción y cooptación. Más aún, la apertura de espacios para que sean ocupados por mujeres dentro del estado puede en sí misma debilitar a los movimientos feministas en su actuación fuera del estado.

Aunque en algunos contextos el estado ha incorporado a las mujeres participantes junto con aquellos que impiden la movilización femenina, para aquellas que se hallan en situación “intermedia” ha sido sumamente difícil traducir aún las metas más inocuas del movimiento feminista en políticas concretas que tengan repercusiones positivas en la vida de las mujeres ciudadanas. Los esfuerzos para inducir el cambio han sido escasos y en el campo de las decisiones sobre gasto público, extremadamente difíciles. Ello se debe en parte a la falta de una presión efectiva por parte del electorado femenino organizado (como ya se señaló), capaz de articular un conjunto coherente de temas y prioridades para que se les tome en cuenta en la elaboración de políticas, además de vigilar que se les incorpore en ellas y que las agencias estatales los pongan en práctica. Se debe también al ambiente desfavorable en que se hallan las propias mujeres burócratas. El intento deliberado de crear tecnocracias aisladas, como sucede actualmente en algunos países y en algunas áreas de la elaboración de políticas, tiene implicaciones serias para la consolidación de la democracia. Las burócratas ligadas a la distinción por género, que están bien preparadas para el análisis económico son capaces de contribuir al funcionamiento de las tecnocracias aisladas (en los ministerios de finanzas, por ejemplo). Sin embargo, eso no es suficiente para sustituir el debate abierto al público, que permite a grupos y redes de trabajo de las mujeres, junto con otros grupos sociales, hacer un escrutinio de las decisiones y las políticas económicas que afectan el bienestar de sus electorados.

Pero las instituciones públicas de apoyo a la mujer así como la actividad de las mujeres parlamentarias han tenido repercusiones más significativas en algunas áreas críticas, tales como: combatir la legitimidad de la violencia a las mujeres promoviendo este asunto como problema político; ampliar la conciencia de las mujeres sobre sus derechos actuales mediante la educación cívica; y facilitar la legislación social sobre temas muy significativos tales como el divorcio, la custodia de los hijos, violencia doméstica, salud y derechos de reproducción, todos los cuales se refieren a aspectos fundamentales de la opresión que se ejerce sobre las mujeres. Pero, de nueva cuenta, el éxito logrado en la atención a estos temas controvertidos—y tal vez en su legislación—ha sido simultáneo al fracaso del estado (el judicial y el de la policía en particular), para garantizar ese tipo de derechos civiles individuales tan importantes, al interior de los territorios nacionales y para todos los estratos sociales.

Una preocupación que abarca a todas las mujeres en el período de transición posterior, es que los movimientos nacionales de mujeres han sido despojados de sus cuadros más competentes, al ser incorporadas sus líderes y sus organizadoras claves en las nuevas instituciones estatales que se dedican a los problemas de la distinción por género, así como en los partidos políticos y en el parlamento. Otra preocupación común es la “onegeización” de los movimientos feministas, especialmente a través de los programas de disminución de pobreza promovidos por los donadores. Ambos, aparentemente, han contribuido al debilitamiento de los movimientos feministas nacionales así como de las alianzas entre clases sociales que algunos de ellos han logrado forjar. La formalización suscitada por la proliferación de ONGs y por la competencia para obtener financiamiento tiene varias implicaciones problemáticas. El apoyo en sí mismo y la autoayuda que caracterizaron a este modelo de suministro social, pueden ser eufemismos que ocultan el hecho de apoyarse en el trabajo no remunerado de las mujeres (que son reclutadas por las ONGs para puestos voluntarios y de segundo orden). Más aún, políticamente, estos proyectos parecen haber insidiado en la participación de las mujeres a nivel local al quitarles el elemento de reivindicación y de hacer campaña a su favor.

El problema perenne de la autonomía feminista sigue preocupando a miembros de los movimientos femeniles, ya sea que estén “adentro” o “afuera” de las instituciones principales. Dados los peligros de la cooptación por parte del estado o del partido en el poder, hay una necesidad especial de conservar algún espacio autónomo para la articulación y suma de intereses. Pero al mismo tiempo, al adoptar una vía autónoma, los grupos y movimientos feministas también corren el riesgo de llegar a quedar aislados políticamente –de ahí la necesidad de que haya una política de compromiso con la corriente principal de la movilización femenina. En última instancia, la viabilidad y efectividad a largo plazo de los movimientos feministas depende de su habilidad para trabajar a diferentes niveles y en diferentes escenarios—“adentro” al igual que “afuera” de la corriente principal—forjando alianzas estratégicas entre personas que pertenecen al movimiento y las que le son ajenas. Algunas veces este mensaje se pierde con los partidarios de la “corriente principal” que ven el proceso de cambio institucional como un ejercicio puramente tecnocrático jugando con las instituciones en un vacío político. Para que los dos conjuntos de estrategias sean efectivos y sustentables, se requiere que estén integrados.
  • Publication and ordering details
  • Pub. Date: 1 Feb 2000
    Pub. Place: Geneva
    ISSN: 92-9085-024-8
    ISBN: 92-9085-024-8
    From: UNRISD