1963-2018 - 55 years of Research for Social Change

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Agrarian Change, Gender and Land Rights: A Brazilian Case Study



El principal objetivo de este documento es contribuir al análisis tanto de la marginación de los derechos territoriales de las mujeres en Brasil por parte de las instituciones gubernamentales, como de los movimientos de las mujeres rurales. Al objeto de contextualizar este análisis, la primera sección del informe presenta las transformaciones más amplias experimentadas por la economía rural brasileña, fundamentalmente en los dos últimos decenios, y los principales cambios operados en la situación las mujeres rurales a consecuencia de la modernización de la agricultura. Por lo tanto, en estas páginas se describen los desafíos que plantean los derechos territoriales de las mujeres desde la perspectiva de: (i) el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); (ii) el Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que carece de una estructura organizativa aparte para las mujeres; (iii) el sindicalismo rural, representado por la Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), que cuenta con una estructura aparte con un sistema de cuotas para la participación de las mujeres en los sindicatos rurales; y (iv) la Articulação das Instâncias de Mulheres Trabalhadoras Rurais-Sul y la Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, que tiene una estructura autónoma para las mujeres. Estas secciones se basan en el análisis cualitativo de documentos y prospectos tanto del gobierno como de diversos movimientos, y en las investigaciones realizadas en este ámbito entre julio y septiembre de 2000.

Las mujeres rurales en Brasil comenzaron a sindicarse a principios del decenio de 1970, paralelamente al movimiento social rural que reivindicaba tierras, en particular en el sur del país. El período clave de la lucha y la movilización nacional para reivindicar los derechos sociales y laborales de las mujeres rurales brasileñas coincidió con la reforma de la Constitución en 1988, que garantizaba la igualdad entre los hombres y las mujeres rurales con respecto a la legislación laboral y los derechos sociales. La lucha por los derechos sociales y laborales de las mujeres campesinas unió—con diferentes grados de participación—a varios movimientos rurales, que coincidían en que la lucha por la aplicación de estos derechos era fundamental para que las mujeres rurales pudieran participar en reuniones y disfrutar de una vida activa fuera del ámbito agrícola, y para que su trabajo fuera reconocido como profesión. El hecho de que la Constitución de 1988 contemplara la posibilidad de una adjudicación conjunta y de un derecho territorial a las parejas o a las mujeres con respecto a la propiedad de la tierra, no significó que los organismos gubernamentales aplicaran estos derechos o que los establecieran como objetivo. Según el primer censo de la reforma agraria organizado por el INCRA en 1996, sólo el 12,6 por ciento de los beneficiarios eran mujeres.

Habida cuenta de algunos problemas importantes a que se enfrentaron las mujeres—garantizar y aplicar los derechos sociales y laborales; ostentar cargos de responsabilidad en los principales órganos de los movimientos; estimular la identidad de las mujeres rurales entre las mujeres; y garantizar las condiciones económicas para la supervivencia de las explotaciones familiares y asentamientos agrícolas—la cuestión de los derechos territoriales o de los derechos conjuntos todavía no ha recibido la atención que merece por parte de los movimientos de las mujeres rurales. Sigue siendo una de tantas cuestiones jurídicas, y apenas existen pruebas de que se abriguen grandes esperanzas con respecto a los beneficios que pueda aportar.

Otro factor importante que se aborda en estas páginas se refiere a la nueva consideración, en el decenio de 1990, de las explotaciones agrícolas familiares, en algunos casos sobre la base de viejos argumentos relacionados con la oferta de productos alimenticios básicos, pero cada vez más en términos de nuevos conceptos de desarrollo rural. Los organismos gubernamentales, los movimientos sociales y los investigadores académicos estiman que las explotaciones agrícolas familiares son el modelo ideal de organización rural, que tiende a reducir las diferencias de poder en la estructura familiar. Las políticas encaminadas al fortalecimiento de las explotaciones agrícolas familiares benefician fundamentalmente a los hombres, a quienes sigue considerándose cabezas de familia.

No obstante, el empoderamiento de las mujeres en la reforma agraria está produciéndose de forma improvisada y paralelamente a las reivindicaciones planteadas por los dirigentes de los movimientos rurales. La influencia del papel activo que desempeñan las mujeres en los campamentos de las tierras ocupadas, como han mostrado las investigaciones, puede atenuarse al volver a las relaciones de género tradicionales a medida se establecen los asentamientos, o incluso puede crear frustraciones que no pueden manifestarse abiertamente. Pueden surgir otras oportunidades para las mujeres asentadas, a medida participan más activamente en diversas actividades de producción, ya sea en asociaciones de mujeres, al participar y presidir cooperativas, o al trabajar fuera del asentamiento. Estas nuevas opciones pueden constituir formas de empoderamiento.

Julia S. Guivant es Profesora de Sociología en la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), donde coordina el Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Sostenibilidad y Redes de Alimentación.
  • Publication and ordering details
  • Pub. Date: 1 Jun 2003
    Pub. Place: Geneva
    ISSN: 1020-8208
    From: UNRISD